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2016 Sobre la secularidad del Estado Colombiano

Sobre la secularidad del Estado Colombiano

​¿Es Colombia un Estado laico? O por el contrario, ¿Las decisiones tomadas por las tres ramas del poder público están influenciadas​ por dogmas y creencias religiosas?​

Por: Gina Carolina Rueda Alquichire​

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Cuando me pregunto si Colombia es realmente un estado laico, o por el contrario, es un estado donde la religiosidad no sólo está implícita en el diario vivir, sino que además influye altamente en las decisiones de la administración pública, siempre me remonto a la Constitución Política de 1991 y su preámbulo: "en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios" 

En mi opinión, las palabras subrayadas dan una clara respuesta acerca de la importancia de la religión en todo el territorio Nacional, y por supuesto en el Estado mismo, quien ha demostrado desde las órbitas de sus tres ramas del poder público, que no puede tomar decisiones de índole pública, sin tener en cuenta el parecer de las confesiones religiosas más importantes en Colombia. 

Sin embargo es de rescatar que la misma Constitución con sus artículos 18 (que protege la libertad de conciencia) y 19 (que garantiza la libertad religiosa), de alguna forma busca garantizar a las personas en el territorio colombiano sus derechos indistintamente de sus creencias o descreencias.

Por otra parte la Ley 133 de 1994, con sus normas modificatorias y reglamentarias, desarrolla la libertad religiosa y de cultos, incluyendo claramente la libertad o el derecho que tiene toda persona de no profesar ninguno.  No obstante, esta misma Ley señala que el Estado Colombiano no es ateo ni agnóstico.

Es más, vemos al Estado desde el punto de vista de sus gobernados, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que Colombia no es un Estado ateo ni agnóstico, ni laico, puesto que alrededor del 92% de la población pertenece a una confesión religiosa, aun cuando no sea practicante de la misma.  Debemos recordar que hace tan sólo 25 años, con anterioridad a la Constitución Política de 1991, el Estado tenía una religión oficial que era el catolicismo. 

Por otro lado, si entendemos al Estado desde el punto de vista de los gobernantes, y sobre todo, desde el punto de vista de las instituciones, considero de suma importancia que estos y estas sean ajenos a cualquier tipo de sentimiento religioso, pues aun cuando la mayoría de los colombianos sean cristianos y principalmente católicos, cuando un funcionario público no puede hacer a un lado sus creencias en la toma de sus decisiones, termina de alguna forma violentando derechos, pues sus actos irán encaminados hacia los intereses de su grupo religioso en particular.  Si bien es esencial que en cualquier estado se respeten las creencias personales como parte inherente al ser humano, mediante las cuales suple su necesidad de encontrar una explicación a las cosas más profundas y elementales, como la vida y la muerte, también es fundamental que las creencias, ya sean individuales o grupales estén apartadas de la administración pública y del Estado, para evitar que estas nublen la mente de quienes nos gobiernan y terminen tomando decisiones que afecten minorías.  

Por ello, creo necesario instruir a las personas de manera tal que al entrar a formar parte de la administración pública, o siempre que preste un servicio público, deje en casa sus sentimientos religiosos, cambie su investidura religiosa por la de un funcionario respetuoso y cumplidor de la normativa colombiana, y por supuesto de la máxima que señala que todos somos iguales ante la Ley, y por tanto frente a aquellos que tiene la tarea de hacerla cumplir. 

Las creencias de carácter espiritual, así como  la superstición de cualquier nivel, pertenecen al fuero interno de las personas; si bien las exteriorizan a través de la ritualidad propia de esa creencia, tanto la formación como el ejercicio de determinado credo, debe apartarse de todo lo que se relaciona con el estado, salvo, lógicamente, la regulación del mismo. 

Pero si volvemos al cuestionamiento inicial, la respuesta para mí es una contundente negativa; no, Colombia no es un Estado laico; no es un Estado laico cuando utiliza el erario público para erigir monumentos a personajes de cierta religión; no es un Estado laico cuando nuestros impuestos son más altos que los de las iglesias; no es un Estado laico cuando invierte en traer representantes de una religión con dineros públicos; y por supuesto, no es un Estado laico cuando el artículo 23 de la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), señala a la religión como una de las áreas obligatorias y fundamentales a impartir dentro de los colegios, cuando esta debe ser enseñada desde los hogares, para no vulnerar minorías no religiosas o que pertenezcan a una confesión diferente a la enseñada en tal o cual institución educativa.