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2016 Reflexiones sobre la Tutela y la Corte Constitucional​​

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Reflexiones sobre la Tutela y la Corte Constitucional​​

Reflexiones sobre la Tutela y la Corte Constitucional​​

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Jorge Andrés Páez Q.
 
Profesor del programa de Derecho - Sede Ibagué
Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia
Especialista y Magíster en Derecho Constitucional de la Universidad Libre

 

No hay duda en que uno de los avances más importantes en la historia del Derecho Constitucional Colombiano ha sido la inclusión de la acción de tutela (llamado en algunos países recurso de amparo) en nuestro ordenamiento jurídico, convirtiéndose en una piedra fundamental de lo que algunos doctrinantes llaman la constitucionalización del Derecho. 

El fin de la acción de tutela, no es otro que proteger los llamados derechos fundamentales, cuando estos se encuentren en eminente riesgo ya sea por parte de las instituciones del Estado ó por los mismos particulares cuando no exista otro medio eficaz e inmediato para su protección.

Ahora bien, el impacto de la tutela en nuestro país ha llegado al punto de poner en tela de juicio el papel de la Corte Constitucional, preguntándose hasta donde va su alcance en relación con su papel e interpretación en busca de garantizar los derechos fundamentales, tanto así que algunos sectores políticos pretenden reformar el alcance de la acción de tutela, y no es de extrañar, ya que los exhortos que la Corte le ha hecho al Congreso y al mismo Gobierno han puesto a estos a correr para hacer valer los mandatos encargados, algo nunca visto en la dinámica constitucional colombiana, lo cual no es bien recibido por algunos críticos, que sumado a ciertos intereses de algunos gremios económicos, ven a la tutela como un enemigo del cual originan mas carga y gasto económico.
 
En realidad han sido más los aciertos que desaciertos con la creación de la tutela, posiblemente el Constituyente no visualizo el posible choque de trenes  que podría ocasionar la tutela contra providencias judiciales, ejemplo claro de ello se da con la tesis del  “estado de cosas inconstitucional” caso de las sentencias T-025/2004 que creo todo un procedimiento para la protección de los derechos de los  desplazados ó la sentencia T-153/1998 que busco acabar con el hacinamiento de los reclusos, la T -025/1999 tenia orden expresa al ministerio de hacienda según la cual debía pagar en la mayor brevedad posible los salarios y pensiones debidas a los trabajadores pensionados del departamento de Bolívar.

Un informe de 2015 del departamento administrativo para la protección social, demostró que cada año se presentan más de tres mil tutelas de personas desplazadas buscando acceder a programas de apoyo y auxilios, lo cual nos debe poner en reflexión sobre el porqué se presenta tanta tutela de la ciudadanía para hacer valer sus derechos. Algunos critican la labor de la Corte en estos fallos, argumentando que en vez de proferir providencias concretas está haciendo política pública.

La importancia de la tutela, su eficacia y los avances dados por esta sin duda genera un compromiso enorme frente a la tutela, por lo cual se debe pensar seriamente como se debe modificar, pues su función de solucionar los conflictos de la sociedad se esta cumpliendo, el cumplimiento inmediato de la Constitución logra parte de su desarrollo por este medio, si bien hay exageración en tutelas de salud no por ello hay que condenar e único medio que tienen los Colombianos para hacer valer sus derechos.

La tutela es uno de los mecanismos procesales más importantes, sino el más importante, con el que cuenta un ciudadano colombiano para hacer respetar sus derechos, por lo tanto, es inoportuno una reforma de fondo a sus alcances ya que pondría en riesgo la protección de los derechos fundamentales en Colombia. El alcance de la tutela en muchos casos esta llevando a exhortos de la Corte Constitucional al Congreso que han puesto en entredicho la libertad de configuración legislativa, si bien hay excesos en algunos casos en la Corte, la presente deslegitimación del Congreso e inactividad legislativa de cierta manera son el justificante que tiene la Corte Constitucional a su accionar exhortativo.

Fue el constituyente en 1991 quien pensó que el Estado Social de Derecho podría quedar en el papel y serían imposible desarrollarlo sino se dejaba atrás el viejo régimen político sustentado en un modelo autoritario, centralista sustentado en el estado de sitio, por lo cual,  la Corte Constitucional fue creada para establecer pautas a todo el ordenamiento jurídico, a través de sus sentencias de constitucionalidad, y su jurisprudencia, la que asegura el cumplimiento y desarrollo del Estado socia; a la vez que garantiza la división y equilibrio de las ramas del poder público y la efectiva protección de los derechos fundamentales a través de su competencia en la revisión de los procesos de tutela.

Estas providencias la Corte las manifiesta bajo tres tipos de sentencias, las sentencias de tutela (T),  encaminadas a proteger derechos fundamentales, las cuales son seleccionadas generalmente de  oficio, cuando la Corte considera oportuno auxiliar algún derecho que no encuentre debidamente protegido, también encontramos  las sentencias de unificación de jurisprudencia(SU) en donde la Corte considera importante un cambio jurisprudencial, implementar una tesis o fortalecerla o cuando la importancia del caso implica una decisión de sala plena; en estos casos la ratio decidendi de estos fallos son de obligatorio cumplimiento para los tribunales superiores de distrito judicial y para todos los jueces en Colombia, finalmente están las sentencias de Constitucional (C) en donde la Corte vigila la exequibilidad de la normatividad 

Son muchas las críticas respecto a los alcances de la Corte y sus fallos, especialmente los de tutela, las voces en contra la función paralegislativa o las críticas de una Corte ordenando el gasto publico especialmente en tutelas que protegen los derechos de la salud han creado malestar en distintos sectores sociales, por lo cual, constantemente se busca recortar los alcances de la corte y la tutela, es bueno generar un debate serio y profundo que conlleve a la reflexión sobre las necesidades de los ciudadanos pues recortar los alcances de la tutela es quitar tal vez el único medio de protección de los derechos fundamentales, lo cual podría dejar al Estado social de derecho en nuestro país en entre dicho.