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2016 Barreras de acceso de la población víctima de desplazamiento forzado en el municipio de Arauca

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Barreras de acceso de la población víctima de desplazamiento forzado en el municipio de Arauca

Políticas públicas​

Barreras de acceso de la población víctima de desplazamiento forzado en el municipio de Arauca

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Julián Camilo Forero Agudelo
Abogado
Evaluador de proyectos de investigación por RedColci
Maestrante en Derecho Administrativo






Esta investigación es un producto que se circunscribe a la “Línea  de  Investigación: Derecho, Derechos Humanos y Sociedad” fomenta la formación para la investigación en la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca, con la finalidad de generar vínculos a partir de  un producto que sirva de apoyo para el fortalecimiento de las políticas públicas para la atención de las víctimas del conflicto armado y así facilitar el acceso de la población a las mismas; investigación que surge a partir de la pregunta: “¿cuál es  la problemática socio-jurídica y la inclusión social, que se presenta en el acceso a la vivienda de interés social prioritario para la población víctima del conflicto armado?”, cuestión que está enmarcada como un problema de sociología jurídica en el país.

La historia y el contexto nacional han permitido evidenciar cambios en el conflicto armado del país. Hechos de violencia que inician por el usufructo desproporcionado de la tierra, o del proceso de la extracción de hidrocarburos en el país. Cambios que están dados coyunturalmente por los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc-Ep. Sin embargo, esta violencia ejercida por diversos entes armados en distintos momentos de la reciente historia colombiana ha generado  múltiples violaciones a los Derechos Humanos de las poblaciones y ciudadanos que la componen. Hechos que han conllevado a desplazamientos forzados (Gutiérrez Lemus, 2010).

A lo largo de la presente investigación evaluaremos la efectividad de las diferentes políticas públicas que se imparten a través del Gobierno Nacional y Departamental, identificando las garantías y derechos para el acceso a la vivienda que estas ofrecen a la población víctima del conflicto armado en Colombia, teniendo como parámetros la Constitución Política de Colombia, Legislación, línea Jurisprudencial, Convenios Internacionales y Doctrina. Todo esto para identificar la normativa y eficacia de las Políticas Públicas. Posteriormente se efectuará un estudio de vivencias que a lo largo de la historia ha tenido que afrontar la población víctima del conflicto armado a causa de la posible ineficacia de los procesos judiciales y administrativos para acceder a el restablecimiento de sus derechos, lo cual permitirá el fortalecimiento del aparato judicial y la generación de condiciones propicias para la promoción y obtención de la paz y la reconciliación nacional mediante un proceso adecuado. Así mismo se identificará la inclusión social de la población víctima del conflicto armado, teniendo en cuenta que no se pueden dejar de lado los mecanismos de acción que brinda el estado en pro del desarrollo de las diversas políticas públicas.

Ante este contexto es necesario decir que el  derecho a la vivienda digna surge de tres pilares. El primer pilar es la declaración de los derechos humanos; el segundo es el pacto internacional de derechos económicos y culturales; el tercer pilar es el comité de los derechos económicos y culturales. Estos tres pilares  evidencian de la concepción de la dignidad y la vivienda,  así mismo, se justifican los parámetros que debe reunir una vivienda, donde esta deberá reunir como mínimo la tenencia, la responsabilidad de los servicios, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, ubicación, adecuación y los demás factores que dignifican la vivienda. 

Para traer a colación el concepto de vivienda digna a nuestro Estado Social de Derecho se habló de la constitución política, ubicándonos en el artículo 51, de igual forma, el Decreto 2924 del 2013, reconociendo que la vivienda digna se encuentra enmarcada dentro de los derechos de segunda generación, los cuales son políticos, económicos y culturales.

El derecho a la vivienda digna se transforma en un derecho fundamental, aun cuando  se encuentra en los derechos de segunda generación, esto sucede debido  a la conexidad, que posteriormente va evolucionando el derecho a la vivienda a través de la progresividad y transformándose en derecho fundamental. 

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Se habla de la población desplazada, e identifica el concepto de la misma basándose  en la ley 387 de 1997, para poder así hablar de los derechos fundamentales de esta población evidenciando algunas  sentencias de la corte constitucional las cuales dan el reconocimiento y protección de la población desplazada, dentro de estas encontramos, la T 025 del 2004, T 088 del 2011, T  585 del 2006 y la T 239 del 2013

Posterior a ello se en pro de la protección para la población desplazada y las garantías de acceso a la vivienda para los mismos, distinguiendo la ley 1448 del 2011  que habla sobre  asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, así mismo, la ley 1537  habla del  desarrollo urbano y el acceso a la vivienda, distinguiendo la VIP y la VISP, para sí evidenciar la problemática socio jurídica y determinar las barreras de acceso a la misma,  de igual manera la Corte Constitucional realiza un estudio a la sentencia T 025 de 2004 mediante el auto 373 de 2016, determinando que no existe cumplimiento de las políticas públicas pese a que han evolucionado los derechos de la población desplazada. Siempre que no existe un seguimiento exacto de los datos de la población desplazada, de igual manera se connotan falencias administrativas, institucionales.

Dentro de la presente investigación se realizó un estudio en el contexto del municipio de  Arauca, Departamento de Arauca, revisando dos proyectos de vivienda para la población en situación de desplazamiento forzado. El primer proyecto “El Horcón”, del 2007 con 60 familias en situación de desplazamiento forzado incluidas en el Registro Único de Población Desplazada, a la fecha no se ha dado total cumplimiento a lo planteado dentro del proyecto, ante la necesidad de dicha población y la pasividad de la entidad encargada de dirigir el curso del proyecto “FONVIDA” se hizo necesario ocupar  las viviendas asignadas sin haber sido terminada su construcción, presentando varias deficiencias estructurales en zonas verdes y zonas comunitarias; es decir, totalmente contrario al desarrollo del precepto constitucional consagrado en el Art 51, lo anterior conforme a datos proporcionados por  la directora de consultorio jurídico para la población desplazada  de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede Arauca.

Por otra parte, en el estudio realizado al proyecto de vivienda de Playitas el cual se realizó la entrega en abril de 2015. El proyecto estuvo dirigido a la población en situación de desplazamiento forzado, así que para este estudio se realizaron 14 encuestas a las diferentes personas que se encontraron en el proyecto de playitas, encontrando que la gran mayoría de la población beneficiada no fue por su condición de desplazado, si no por otro programa, en igual sentido la población manifiesta que existen dificultades para poder acceder a los beneficios de la Vivienda de Interés puesto que requiere de tiempo, los trámites administrativos son arduos, la mayoría de la población desconoce las políticas públicas implementadas en pro de la protección de los derechos de dicha población.