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2016 Los Derechos de los Niños: El desafío pendiente

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Los Derechos de los Niños: El desafío pendiente

DDHH

​Los Derechos de los Niños: El desafío pendiente

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Sonia Paola Barrios Galvis
Conciliadora en Derecho
Candidata a Magíster en Educación
Docente Catedrática Facultad de Derecho



La Constitución Política de 1991 revolucionó los ámbitos social y jurídico al incluir en su Artículo 44  un conjunto de disposiciones que permean todas las ramas del Derecho: Los Derechos de los Niños, los cuales a principios de la década de los 90 se encontraban siendo protagonistas a nivel global debido a que la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989 aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño como Tratado Internacional de Derechos Humanos, siendo ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991, instrumentos que iniciaron la movilización en el país en atención a garantizar la aplicabilidad de sus contenidos.

En adelante, el Estado Colombiano demostró un interés especialmente legislativo por materializar los 42 derechos de los niños, contenidos en la Convención. De esta forma en 2006, el Congreso de la República, por medio de la Ley 1098, expide el Código de Infancia y Adolescencia, el cual derogó en gran parte el Código del Menor, vigente desde 1989, en el que se contemplaba que los menores –como se les llamaba– eran objetos de derecho y únicamente recibían protección aquellos menores de 18 años que estuvieran inmersos en un proceso de restablecimiento de derechos por encontrarse en situaciones irregulares tales como abandono, necesidades básicas insatisfechas, infracciones a la ley penal, carencia de familia, discapacidades, adicciones a sustancias psicoactivas o trabajo infantil. 

En dicho sentido, la Ley 1098 de 2006 le otorga a los menores de 18 años un estatus de sujetos de derechos en concordancia con las disposiciones de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y de forma imperativa consagra que esta población debe ser protegida sin condiciones. Con lo anterior se erradica del lenguaje jurídico la palabra “menor”, la cual procede del latín minor, que significa pequeño, insignificante, secundario, sin importancia; de manera que se insta a juristas, abogados en formación y a la sociedad en general, a denominar a las personas menores de 18 años como Niños, Niñas y Adolescentes y valorarlos como seres humanos capaces, en proceso de crecimiento y desarrollo, con posibilidades de ejercer sus derechos y merecedores de prevalente atención.

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Imagen tomada de: http://bit.ly/1fIEZSL

Con las novedades legislativas del Código de Infancia y Adolescencia se inspira a una transformación del ser y el hacer por parte de los abogados, iniciando por quienes ejercen el derecho privado y el derecho de familia y de forma transversal al derecho público, derecho penal, derecho laboral, y a todas las ramas del derecho, con el fin de que las acciones de cada persona se encaminen a dar cumplimiento especialmente a los principios consagrados en el articulado de la Ley 1098 de 2006.

En Colombia, según UNICEF (2015), el 32% de los 47 millones de habitantes pertenece a la población de Niños, Niñas y Adolescentes, de tal forma que es inmenso el compromiso que cada persona en suelo colombiano tiene por conocer y vivenciar, en especial, cuatro principios de los Derechos de los Niños: a) La Protección Integral, b) El Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes o Principio Pro Infans, c) La Prevalencia de los Derechos de los Niños y d) La Corresponsabilidad, contemplados en los Artículos 7, 8, 9 y 10 del Código de Infancia y Adolescencia, respectivamente.

Los cuatro principios se encuentran interconectados: La Protección Integral contempla  que es obligación de todas las personas y entidades asegurar el cumplimiento y ejercicio de los Derechos de los Niños y garantizar que se desarrollen en condiciones idóneas para su crecimiento físico, cognitivo y académico. De no ser así, se debe disponer de tratamientos especiales para restablecer sus derechos, formulados desde la gestión de las políticas públicas y su seguimiento; El Interés Superior de los Niños, Niñas y Adolescentes comprende que todas las decisiones públicas o privadas deben estar encaminadas a la protección de los Derechos de los Niños, puesto que según La Prevalencia de los Derechos de los Niños, estos se encuentran por encima de los derechos de los demás. En tal sentido, al existir conflicto entre dos derechos prevalecerá el Derecho del Niño, Niña o Adolescente, como sucede cuando existe colisión entre las creencias religiosas de los padres y el derecho a la vida del niño que necesita una transfusión de sangre: primará el derecho del niño; así mismo el caso de los niños, niñas o adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar, cuyo derecho a la integridad física y mental se encuentra en conflicto con el derecho al padre de ejercer la custodia del hijo.

Por último, el principio que convoca a todas las personas y entidades públicas y privadas en beneficio de estos sujetos de especial protección: El Principio de Corresponsabilidad, el cual dispone que la familia, la sociedad y el Estado son responsables de forma conjunta y concurrente de la atención, protección, desarrollo integral y cuidado de los Niños, Niñas y Adolescentes. Con ocasión de este artículo, la Ley 1098 de 2006 en el Capítulo I del Título II, contempla obligaciones para cada uno de los agentes corresponsables: para la familia; para la sociedad; para el Estado; para los establecimientos educativos; para el Sistema de Seguridad Social en Salud; y para los medios de comunicación.

En conclusión, las normas nacionales e internacionales referentes a Derechos de los Niños son invitaciones, no solo para quienes se desempeñan en el mundo jurídico, sino para cada persona de forma generalizada, a que piense y actúe de forma consciente y protectora de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el fin de prevenir vulneraciones a sus derechos, atender sus necesidades, comunicar a las autoridades competentes cuando se denoten situaciones de riesgo para la infancia y la adolescencia, y denunciar el trabajo infantil, la explotación sexual, el maltrato infantil, e ir más allá: darles el estatus que les corresponde según la ley, recordando que ya no son objetos insignificantes y sin importancia; al contrario: son sujetos de derecho que requieren ser protegidos por quienes años atrás también fueron niños. En palabras de Antoine de Saint-Exupéry: “Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerden”.